En defensa de la función pública – Alberto Scavarelli

© Fabian Bia

Al último concurso de la DGI se presentaron 18.000 personas y actualmente Uruguay Concursa tiene 260 llamados en marcha. Alberto Scavarelli es el Director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que depende de Presidencia de la República. Esta área cumple un rol articulador entre las diferentes instituciones del Estado en lo relacionado con la atracción y captación de nuevos profesionales al sector público. En esta entrevista, Scavarelli hace una defensa de la función pública bien entendida y de la importancia de tener mejores profesionales en el sector público para garantizar mayores posibilidades de desarrollo para el país.

Por Andrés Lasarte – @andlasarte

Alberto Scavarelli es un abogado y político de extensa trayectoria en los organismos del Estado. Fue Pro-Secretario de la Presidencia de la República, Diputado por el Partido Colorado, Consejero del SODRE y presidió los organismos de la ONU y la OEA para la lucha contra la droga y el crimen organizado. Luego de manifestar públicamente su apoyo al Presidente Tabaré Vázquez y al proyecto político del Frente Amplio, fue elegido por el mandatario como su hombre de confianza para ocupar la Oficina Nacional de Servicio Civil de Presidencia de la República. El portal Uruguay Concursa –que se ocupa de divulgar los llamados en organismos del Estado y permite a los profesionales postularse automáticamente– depende de Presidencia y particularmente, de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Actualmente, esta Uruguay Concursa tiene 260 concursos en marcha. A uno de ellos –el de la Dirección General Impositiva– se presentaron 18.000 personas. En cuanto a las instituciones públicas con más demanda de nuevos profesionales, Scavarelli comenta que a medida que el gobierno establece nuevas funciones, el Estado necesita más personas que las lleven a cabo.

“Los organismos van demandando en distintos momentos. Durante el año pasado, el Ministerio del Interior y los organismos vinculados a la educación fueron los más demandantes, porque además allí es donde se ubicó el mayor refuerzo presupuestal. Durante este año es donde se va a trabajar más intensamente en la captación de nuevos profesionales, porque antes aún no teníamos el presupuesto y ahora hay que implementarlo. Notamos que, progresivamente, el público que se presenta a estos llamados está integrado por personas más jóvenes y con mayor formación”.

Actualmente los perfiles profesionales más solicitados por el sector privado son aquellos vinculados con tecnologías de la información y carreras de economía o contador público. En el sector público, la realidad no es muy distinta.

“Los técnicos en administración, que en otras áreas están menos vistos, cumplen un rol muy importante en esta dirección. Nosotros trabajamos en la reestructura del Ministerio de Educación y Cultura, ahora empezamos a hacer lo mismo con el Ministerio de Industria, la Fiscalía de Corte, el SIRPA, el INAU, etc. Estamos dando forma a organismos todo el tiempo”.

Alberto Scavarelli 2 - PRO Universitarios © Fabian Bia

Mejorar la gestión pública

Scavarelli asegura que lo más difícil para el Estado no es conseguir nuevos profesionales, sino conservarlos y se manifiesta a favor de un enfoque basado en el desempeño y la calificación de las personas al momento de seleccionarlos para un cargo.

“O pensamos la función pública como el desafío de que quienes somos designados para esto tratamos de lograr un objetivo y –como lo haría un director técnico de fútbol– elegimos a los mejores, o nos manejamos como un club de barrio, donde lo importante es quedar bien con los vecinos. Hoy estamos proponiendo compromisos de gestión. Todos los años tenemos que ir al Parlamento y decir qué nos propusimos y qué logramos”.

El Director Nacional de Servicio Civil entiende a la función pública como “la garantía de los derechos humanos cotidianos”.

“Me refiero al acceso a la información, a mejores servicios a las cuentas públicas, etc. La burocracia del Estado –en su forma bien vista– es la que sostiene el sistema democrático de un Estado de derecho. Uno tiene como ejemplo España en la actualidad o Bélgica en su momento. Cuando las instituciones políticas no definen la conducción al momento de formar gobierno, el Estado sigue de todas formas porque hay un substrato profesional que avanza en el cumplimiento de los cometidos. No se cierra el país. El sentido de la función pública tiene el enorme peso de que uno no puede reformar el Estado como estructura sin formar primero las capacidades personales de quienes llevarán esa reforma adelante. Cambiar la estructura sin cambiar la gestión es un propósito estructuralista que necesita un enfoque funcional”.

Scavarelli hace mención a la importancia de formar profesionales para la función pública como un elemento decisivo en el alcance de nuevos niveles de desarrollo para el país.

“Supongamos que encontramos petróleo y gas natural. Las empresas vienen con sus propios equipos técnicos y traen millones de dólares para contratar los servicios de los estudios privados más importantes del país. El Estado tiene, como contrapartida, la capacidad de sus técnicos. Si nosotros no logramos formar, estimular y mantener a la gente que va a defender nuestro patrimonio cotidiano no vamos a tener la seguridad y el respaldo que necesitamos”.

Los universitarios y el sector público

La encuesta “Perfil del Estudiante Universitario” realizada por Pro Universitarios el año pasado dio a conocer que de los 10 primeros lugares en donde los universitarios uruguayos quieren trabajar, 8 son instituciones o empresas públicas como Antel, la Intendencia Municipal de Montevideo o la Universidad de la República. Ante este dato, le preguntamos a Scavarelli cómo debería la sociedad analizarlo.

“Haber trabajado dentro de una institución del Estado le da al individuo cierto prestigio. En primer lugar, debió atravesar diferentes mecanismos e instancias de evaluación para ser seleccionado. Luego de eso tiene que estar dispuesto a someterse a una estructura como es la pública, que se rige por determinadas pautas normativas y penales diferentes a las de la actividad privada. El haber pasado por eso le da un sello al profesional, permitiéndole el acceso a otros espacios”.

La importancia de los empleados públicos

Ante la mención de opiniones que marcaban la tendencia señalada por la encuesta como negativa, Scavarelli cree que:

“Sería penoso para un país que sus ciudadanos despreciaran la idea de trabajar en el sector público. Las naciones donde eso ha pasado están condenadas al subdesarrollo en el control de la gestión”.

“El día que los más capacitados dicen que no quieren saber nada con el Estado, la realidad cotidiana de la sociedad se ve afectada. Cuando un gobierno dispone transferir 600.000 millones de dólares al sistema financiero para cubrir determinados desbalances en el mundo o burbujas que estallan, ¿de qué intervención pública estamos hablando? Los estados que renuncian a la regulación de lo público son estados que renuncian a sí mismos. A mí me da una enorme satisfacción que la muestra que maneja esta encuesta coincide con la existencia creciente de jóvenes que tienen en su horizonte la vocación de lo público”.

Competencia entre el sector público y privado

Ciertos mecanismos en el funcionamiento de la actividad pública hacen difícil la retención de personal calificado dentro de instituciones del Estado. El tope salarial fijado –menor a lo que pueden ofrecer las empresas privadas– y el régimen de provisoriato mediante el que entran nuevos profesionales a la actividad pública, generan grandes dificultades al momento de competir con el sector privado por nuevos talentos.

“También existe competencia por funcionarios calificados dentro del Estado. En Servicio Civil tenemos funcionarios que concursan en otro organismo por un puesto que paga el doble del sueldo y cuando resultan seleccionados, tenemos que darles la mano y felicitarlos. No podemos ni queremos cortarle las oportunidades de crecimiento a nadie”.

Uruguay Concursa

El portal Uruguay Concursa nació como una unidad específica que tiende a garantizar el procedimiento de ingreso de profesionales al sector público y la determinación de los perfiles profesionales y técnicos.

“El rol de la Oficina Nacional de Servicio Civil es cooperar en la definición del perfil, la publicación y formar los tribunales que garantizan que el resultado esté de acuerdo con lo que se busca en cada caso. Hace poco, tras el llamado para la DGI, personas que trabajan dentro de ese organismo manifestaron su percepción de que se había filtrado información sobre las preguntas de la prueba de evaluación. Y se hizo todo de vuelta. Les tuvimos que decir a 18.000 personas que no había concurso. Nosotros tenemos la obligación de dar garantías. No podemos escudarnos en que es impráctico repetir todo el proceso. Porque al individuo que hizo las cosas bien no le preocupa venir dos veces, le preocupa que lo estafen en las posibilidades que tenía”.

La inamovilidad de funcionarios

La inamovilidad es quizás uno de los temas más controversiales dentro de la discusión en torno al paradigma del empleado público, alzándose voces que la presentan como uno de los elementos más atractivos para quienes eligen trabajar en el Estado. Scavarelli se manifiesta a favor de la inamovilidad de los funcionarios como forma de evitar que los mismos estén sometidos a los vaivenes del cambio político. “En la actividad privada si una persona se va de un cargo, la ciudadanía no se ve demasiado perjudicada. Ahora, si ese individuo que abandona el cargo es un inspector, por ejemplo, con capacidad sancionatoria, yo prefiero que tenga garantías”.

“La inamovilidad es la seguridad que le brinda la actividad pública al funcionario de que éste sólo puede ser expulsado por ineptitud, omisión de su deber o delito. Ésas son las únicas causales por las que cualquier ser humano debería ser expulsado de su función. La expulsión se da luego de un largo proceso que establece garantías. Ojalá que en todos lados las personas tuvieran derecho a presentar defensa letrada y que varias personas analicen su caso antes de decidir su remoción. Este proceso se da en al cabo de un año. A lo que apuntamos con este proceso es a que en el Estado haya menos posibilidades de arbitrariedad en la decisión de despedir a un funcionario. En la actividad privada hay una mayor discrecionalidad que en lo público, lo que puede llevar a alguien a gozar de una mayor retribución, pero una menor estabilidad”.

Más que un trabajo estable y seguro

En ciertos ámbitos de la sociedad y de la actividad privada está mal visto gozar de la seguridad y estabilidad del empleo público. Sin embargo, en ciertas carreras el mayor alcance de especialización se alcanza trabajando en el sector público, como sucede con Economía, por ejemplo.

“Los profesionales universitarios que optan por trabajar en lo público buscan tener una carrera respetada y respetable. De la misma forma que una persona no es igual antes y después de haber pasado por la universidad, lo mismo sucede con la actividad pública. Alguien que pasó por una estructura del Estado y se acercó a la visión de la conducción de lo público se va con un bagaje de conocimientos que el que estuvo en la actividad privada no va a tener nunca. Y viceversa, pero ya es más difícil que una persona que trabaja sólo en lo público no tenga conocimiento del ámbito privado”.